Tres procesos contractuales de la Universidad del Atlántico, suscritos durante la rectoría de Rafael Castillo Pacheco, presentan presuntas irregularidades, de acuerdo a lo detectado por la Veeduría Administrativa, que conllevaron a que el Ministerio de Educación le pidiera explicaciones al Departamento de Gestión de Compras y Contratación de la institución.

Se trata de dos contratos con la empresa Suministros y Servicios B.O. SAS, por $122.479.756 y $87.498.320, respectivamente; y otro con Link Marketing & Servicios SAS por $697.340.000.

Detalles de los convenios

- El primer contrato fue suscrito por los servicios de alojamiento, alimentación, catering, suministro de vestuario y transportes requeridos para garantizar la adecuada participación de la Universidad del Atlántico en los Juegos Regionales Ascun Cultura 2026.

- El segundo contrato fue establecido por los servicios profesionales en logística integral para el desarrollo de la celebración del Día del Maestro, incluyendo suministro de elementos, apoyo operativo, montaje, actividades culturales, refrigerios, reconocimientos y demás componentes necesarios para la ejecución del evento.

- El tercer contrato fue suscrito por servicios de operación logística, producción técnica, soporte operativo, transporte y apoyo requeridos para la planeación, organización, ejecución y desmontaje de los diferentes eventos institucionales, culturales, recreativos, académicos, artísticos, deportivos y de integración programados por la vicerrectoría de bienestar universitario.

Los dos primeros contratos iniciaron el 20 y 21 de mayo de 2026, y el tercero el 4 de junio de este mismo año.

El Ministerio solicitó informar bajo qué fundamentos legales y estatutarios fueron adjudicados los procesos "habida cuenta de las irregularidades procedimentales identificadas, indicando específicamente qué norma o causal del Estatuto de Contratación amparó cada actuación cuestionada".

También pidió informar qué acciones correctivas, disciplinarias o administrativas internas se adelantarán o se han iniciado respecto de los tres procesos señalados, "que fueron adjudicados y ejecutados sin el cumplimiento de los requisitos procedimentales exigidos por el propio Estatuto de Contratación, la Circular del 28 de enero de 2026 y la normativa nacional aplicable".

Además, con respecto al primer contrato mencionado, con la empresa Suministros y Servicios B.O. SAS, pidió explicaciones bajo qué criterio o autorización institucional se permitió el inicio de la ejecución del convenio "sin que las pólizas de seguro estuvieran constituidas y aprobadas con anterioridad al evento (16 de mayo de 2026), siendo que las mismas fueron expedidas con posterioridad (20 de mayo de 2026)”.

El Ministerio también exigió explicar las razones por las cuales la empresa  Suministros y Servicios B.O. SAS fue habilitada jurídicamente en dos procesos consecutivos, "a pesar de que su representante legal no acreditaba estar al día en el pago de aportes parafiscales, conforme a la información del SISPRO y el RUAF, y precisar quién fue el funcionario responsable de la verificación de dicho requisito habilitante".

Además indicar por qué en estos dos proceso contractuales no se exigió ni se subsanó de oficio la presentación del Formato Único de Hoja de Vida del DAFP, siendo este un requisito habilitante jurídico expresamente señalado en los estudios previos, y quién fue el analista responsable de la revisión jurídica de esos expedientes.

Llama la atención que la cartera nacional de Educación pidió informar si el contrato DBS-185-2026 con Link Marketing & Servicios SAS "ha tenido inicio efectivo de ejecución, si se desembolsó el anticipo del 40% ($278.936.000 COP), y si las pólizas fueron constituidas y aprobadas con anterioridad al inicio, conforme lo exige el artículo 59 del Estatuto de Contratación".

La Jefa Departamento de Gestión de Compras y Contratación, Eliana Severiche Peñaranda, respondió que el contrato "cuenta con un pago realizado posteriormente finalizada la ejecución del contrato y fue por valor de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($697.340.000,00) M/L, pues el anticipo no fue cobrado por el contratista".

"Las pólizas constituidas en razón del contrato fueron aprobadas previo inicio de ejecución del mismo, tal como consta en el aprobado de la póliza que se registra en el expediente contractual del proceso compartido en esta respuesta", agregó.

Estás fueron las respuestas de la Universidad al Ministerio de Educación:

Estas fueron las respuestas de la Universidad a la Veeduría Administrativa: